La cultura como derecho y no como recurso

“La cultura es la mejor revolución. Seguramente por eso a los Gobiernos mediocres y dictatoriales les espanta la posibilidad de un pueblo educado, culto, con preparación, con criterio” comenta Javier Pérez de Albéniz en el libro colectivo “Reacciona”, de obligada lectura.
La palabra de moda es “recortes”. Se menciona con alegría, incluso con pasión. Siempre en la misma dirección: menos Estado, más gestión privada. Estrategia perfectamente orquestada desde los grandes grupos económicos, controladores de unos medios de comunicación a su servicio, secundados por una clase política que parece estar al servicio de éstos y no de la ciudadanía. Nuestro mínimo “Estado de Bienestar” se desvanece, nada comparable al de Suecia, Alemania o Francia, apostando por recetas dictadas por los causantes de la crisis. No parece que queramos aprender.
Educación y sanidad son los temas estrella de los recortes, interesadamente se olvidan de la cultura, como si no los padeciera, cuando constitucionalmente es un derecho. Como ocurre con otros artículos de nuestra “Ley de Leyes”, su no aplicación hace que ésta se convierta en papel mojado. Nada es casual. La política cultural desarrollada en los últimos años ha estado dirigida por las industrias culturales o por la SGAE con resultados evidentes. Concentración, destrucción de empleo, olvido del talento nacional, leyes injustas y polémicas, anulación del canon digital por la Audiencia Nacional, detención de los máximos responsables de la sociedad de gestión… Apuesta en clave industrial que da la espalda a la innovación, diversidad y cooperación. Lo local no se reconoce, nuestra identidad se diluye favoreciendo una cultura destinada el ocio y el entretenimiento fácil, comercial, banal, global.
Difícil mostrar algún gran proyecto cultural como país, muy fácil observar la creación de grandes infraestructuras sin presupuestos, ni dirección una vez finalizadas ¿Se apoyaba a la cultura o a las constructoras? Lo importante era construir. Crear, producir, difundir son términos no incluidos en agendas y presupuestos. Una apuesta política evidente: la cultura al servicio de las grandes empresas del ladrillo, apoyadas por las corporaciones bancarias.
Las consecuencias; la Ley Ómnibus en Catalunya, la reconversión del Centro Niemeyer o La Laboral en Asturias, la no apertura de equipamientos como el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón… Para la cultura no hay recursos, pero sí para la Fórmula 1, las motos, los toros, el fútbol, gastos militares, visitas papales… Algunos ya plantean la supresión del Ministerio de Cultura, la mejor opción para quienes quieren abolir cualquier política cultural de Estado.
Sin recursos para la cultura, cuando se reducen los destinados a la educación y con unos medios de comunicación que están al servicio del capital financiero y no de los ciudadanos, es necesario preguntarse ¿Qué país estamos construyendo? ¿Vamos a seguir renunciando a nuestra dignidad amparando a los que buscan exclusivamente el beneficio económico?
Las industrias culturales parecen ser las grandes enemigas de la cultura. La creación independiente, Innovadora, democrática, tienen que ocupar su papel para intentar superar nuestro retraso como país. Son la garantía que nos pueda identificar y reconocer, señas de identidad a las que no podemos renunciar. La cultura tiene que seguir siendo un derecho y no un recurso que solo busca resultados económicos. De todos depende, la queja sin acción no sirve para nada. Todos debemos reaccionar, actuar, participar. De nuestro posicionamiento y respuesta dependerá mucho el camino a seguir, no se lo pongamos tan fácil.

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